Cuando los cortes de luz te quitan la salud

Puntos clave

• La pobreza energética afecta a 6,8 millones de personas en España y está declarada como un problema de salud pública por la Organización Mundial de Salud (OMS).
• Los cortes de luz vulneran numerosos derechos y afectan a la actividad económica, la educación, la salud, la comunicación, la dignidad y la vida cotidiana de individuos y comunidades.
• La falta de suministro eléctrico aumenta la mortalidad y la incidencia de accidentes domésticos, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, gripe, asma y bajo peso al nacer, entre otras.
• Numerosas patologías se ven afectadas en este contexto: conservación de la insulina, conexión del oxígeno domiciliario o del dispositivo CPAP funcionamiento de camas articuladas e iluminación y riesgo de caídas son algunas de ellas.
• Existen herramientas de cribado y recursos como el bono social, aunque su utilidad es limitada.
• Algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo desde los centros de salud incluyen la emisión de alertas sanitarias, así como la elaboración de informes clínicos que recojan los efectos de los cortes de luz sobre la salud de las y los pacientes.
• Los movimientos por la justicia energética reclaman el derecho a la energía como un derecho fundamental que incluya la producción sostenible, el consumo por un precio asequible y el suministro energético ininterrumpido.

Contexto

En el Distrito Norte de la ciudad de Granada se producen cortes de luz diarios desde hace años. Desde los centros de salud se pueden observar en cada consulta y visita domiciliaria los efectos que estos despliegan sobre la salud de la población. Lejos de ser un fenómeno aislado, este problema afecta de forma sistemática a barrios de todo el territorio, como La Font de la Pólvora (Girona) y la Mina (Sant Adrià de Besos) o la Chanca (Almería). Algunas de las características que comparten estas barriadas obreras son las siguientes:

• Altos niveles de desempleo y economía informal.
• Núcleos urbanos periféricos creados a partir de los años sesenta del siglo pasado para realojar a diferentes poblaciones sin integrarlas en una trama urbana cohesionada.
• Bajo nivel socioeconómico y educativo.
• Baja calidad de los servicios públicos.
• Altos niveles de estigma y discriminación, así como mayor número de personas migrantes y racializadas habitando sus calles con respecto a otras partes de la ciudad.

La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para asegurar el nivel social y material adecuado de energía debido a la interrelación entre los altos precios de la energía, la falta de eficiencia energética de los hogares y los electrodomésticos, los bajos ingresos en el hogar y las necesidades energéticas de este^1,2; otras autoras amplían esta definición incluyendo el desarrollo de estrategias alternativas para lidiar con la escasez energética³. Estos aspectos se insertan a su vez en determinantes estructurales de legislación en materia laboral, económica, de vivienda y energía, así como en el grado de protección de los estados ante la pobreza energética⁴. La OMS considera la pobreza energética como un problema social y de salud pública, y el suministro eléctrico como «un requisito previo para la buena salud, en gran medida ignorado por la comunidad internacional»⁵. El acceso a la energía se configura como elemento esencial para una vivienda digna, derecho fundamental reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

Las personas en situación de pobreza energética y cuyas rentas se encuentran bajo el umbral de la pobreza habitan, en la mayoría de los casos, en viviendas antiguas construidas antes de la década de 1980 cuando la eficiencia energética no estaba contemplada en las condiciones normativas de la regulación de los edificios⁶. Cabe destacar que los hogares españoles han sufrido la mayor subida del precio de la luz de toda la Unión Europea (UE) en la última década: un 66,8% entre 2008 y 2018, un valor 38 puntos superior a la media de la UE, donde la subida fue del 28,2%⁷. Los últimos datos del informe AROPE muestran que un 26,7% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un total de 12.188.288 personas. Además, 6,8 millones de personas sufren temperaturas inadecuadas en sus viviendas, retrasos en el pago de recibos o ambos; principalmente hombres y mujeres mayores de 65 años que viven solas, hogares monomarentales, menores y personas migrantes, que conformarían los principales grupos de riesgo⁸.

Sumado a esto, un estudio reciente que evalúa estas cuestiones en los estados miembros de la UE sitúa a España como un país con un alto grado de vulnerabilidad estructural a la pobreza energética⁴, lo que se asocia a tasas más altas de pobreza energética, peor estado de salud percibido, peor estado de bienestar y mayor riesgo de depresión entre la población afectada. Estos indicadores se manifestaron de forma más intensa durante los peores años de la crisis económica y mostraron diferencias de género, con un mayor impacto en las mujeres⁹.

Ante el riesgo de estratificar las diferentes «pobrezas» y ponerles apellido, debe entenderse el problema como una realidad más amplia, resultado de una acumulación de desventajas e injusticias sociales. Un estudio cualitativo¹ muestra las diferentes dimensiones de la inseguridad energética y la conceptualiza como un elemento que genera enfermedad y desigualdad según el siguiente esquema (figura 1).

El ejemplo de los cortes de luz en el Distrito Norte de Granada muestra las diferentes aristas compartidas por otros lugares con el mismo problema: instalaciones antiguas y deterioradas, sobrecarga de la red eléctrica por enganches para suministro propio y cultivo de marihuana, así como el abandono de las necesidades del barrio por parte de las administraciones públicas. A esto hay que sumar la irregularidad en la propiedad de la vivienda y en los contratos de suministro eléctrico, con numerosas trabas burocráticas por parte de la Administración local y las empresas suministradoras hacia quienes quieren regularizar su situación. Ante esta complejidad, una opción preocupante es pretender resolver el problema únicamente a través de redadas e intervenciones policiales que no modifiquen la situación de desventaja crónica del barrio y que, al mismo tiempo, contribuyan a criminalizarlo y perpetuar su estigma, desoyendo las voces y propuestas del vecindario. La estrategia de «guerra contra las drogas» ha sido declarada perjudicial por más de 150 organizaciones ante la Organización de las Naciones Unidas, entre otras causas, por su escaso efecto en la oferta global de droga y por el aumento en las muertes por sobredosis, así como por los efectos negativos sobre la salud, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo¹⁰.

Los cortes de luz en la vida cotidiana

Las consecuencias de esta situación en la vida de los vecindarios son múltiples y se pueden leer a través de relatos en primera persona^11,12 e incluso páginas web con un seguimiento diario de las calles afectadas en los diferentes tramos horarios¹³. La falta de suministro eléctrico en los comercios deteriora los productos y contribuye al empeoramiento de la actividad económica del barrio, las relaciones sociales de la comunidad y la vida de las familias que dependen de dicha actividad como consumidoras y propietarias. En las guarderías, colegios e institutos, los cortes de luz impiden el desarrollo de las clases y la misma estancia en el centro debido a las temperaturas extremas. Por ejemplo, en el Distrito Norte de Granada el derecho al voto se ejerció en la oscuridad durante las últimas elecciones (figura 2).

En los domicilios, las interrupciones del suministro eléctrico dan lugar a temperaturas extremas en verano e invierno, e impiden el desarrollo de las actividades más elementales: iluminación, calefacción, conexión a internet, uso de electrodomésticos (lavadora, frigorífico, congelador), carga de baterías, higiene diaria, cocina y alimentación, lectura y estudio son solo algunas de ellas. Estas limitaciones resultan especialmente graves para las necesidades de las y los más vulnerables: esterilización y preparación de biberones, alimentación de personas con dificultades para la deglución, imposibilidad de subir en ascensor y moverse por el hogar con una adecuada iluminación para personas con problemas de movilidad y déficits sensoriales, etc. Otro ejemplo tiene que ver con los cambios de residencia: familias que llevan toda la vida en el barrio y lo abandonan contra su voluntad en busca de una vida donde el suministro eléctrico sea la norma y no la excepción.

Mientras escribimos este artículo, múltiples familias están confinadas en sus hogares debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19:

El encierro es difícilmente soportable cuando no puedes salir, nadie te puede visitar y no puedes encender el televisor ni cargar el móvil. Cuando la luz no se enciende y nos recuerda que seguimos viviendo en un lugar sin unos derechos básicos garantizados. Cuando las niñas y niños no pueden hacer deberes, ni ver Educlan [herramienta educativa televisiva para las familias durante el cierre preventivo de los centros], ni dibujar porque no hay electricidad que les ilumine¹¹.

Efectos sobre la salud

La pobreza energética actúa como un elemento generador de desigualdades en salud relacionado con otros determinantes que generan enfermedad, como la falta de ingresos, la vivienda precaria o la contaminación ambiental.

En el último año ha habido siete incendios en el barrio de la Font de la Pólvora, la mayoría por quema de fusibles. En el mes de julio se desalojó un bloque con ocho familias sacando a los niños por la ventana. En el de septiembre, hubo heridos por inhalación de humo¹².

Los hogares en situación de pobreza energética presentan peor estado de salud física y mental, así como un mayor riesgo de depresión¹⁴. El informe Marmot «Impacto en la salud de la pobreza energética»¹⁵ muestra un aumento de las muertes en invierno en aquellos países con mayor dificultad para calentar la vivienda. Los hogares afectados presentan una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, resfriados y empeoramiento de enfermedades reumatológicas en adultos; mayor incidencia de asma, bajo peso al nacer e ingresos hospitalarios en la infancia así como problemas de salud mental en la adolescencia y absentismo escolar. No debemos olvidar la mortalidad asociada a los golpes de calor, que afecta principalmente a mayores de 65 años, grupo especialmente vulnerable en caso de sufrir pobreza energética durante los meses de verano.

Algunos de los problemas de salud específicos más afectados por la pobreza energética son los siguientes:

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): la oxigenoterapia crónica domiciliaria administrada durante un mínimo de 15 horas al día y la ventilación no invasiva domiciliaria han demostrado mejorar la supervivencia y la disnea (lo que se asocia a menores limitaciones en la actividad de la vida diaria, mayor calidad de vida y mejor capacidad física), así como retrasar la aparición de complicaciones y prevenir las hospitalizaciones por reagudización. Todos estos beneficios para la salud son electrodependientes. Además, las temperaturas extremas de frío y calor y la contaminación del aire respirado por el empleo de estufas y chimeneas han demostrado que aumentan las exacerbaciones y la mortalidad por EPOC¹⁶. Entre las estrategias para lidiar con la falta de suministro eléctrico cabe destacar la ofrecida por la empresa suministradora a aquellos usuarios de oxígeno suplementario: balas portátiles de oxígeno, sistema ya obsoleto y en desuso por el elevado riesgo de accidentes y explosiones que presenta.
  Las que necesitan respiradores por la noche que se les desconectan cuando falla el suministro, las que tienen que pincharse insulina y no ven para hacerlo (además de no poder mantenerla refrigerada para que no se estropee), aquellas que se equivocan con las pastillas porque la luz de la vela no es suficiente para distinguirlas¹¹.
• Diabetes mellitus: la alimentación y la adecuada terapia con insulina son dos de los factores que afectan al buen control de la enfermedad y contribuyen a evitar el riesgo de complicaciones agudas y crónicas. Una alimentación variada con productos frescos resulta inalcanzable para quienes no pueden conservar alimentos en el frigorífico ni encender la cocina; esto da lugar a dietas menos saludables y variadas¹⁷. Respecto a las plumas de insulina, deben conservarse en la nevera entre 2 y 8 °C. Su estabilidad a temperatura ambiente (22-25 °C) varía desde 24 horas a 8 semanas, y aunque se pueden utilizar, su efecto es menor, por lo que se aconseja monitorizar de forma más estrecha los niveles de glucosa en sangre y aplicar dosis mayores si es necesario, lo que aumenta el riesgo de provocar hiperglucemias e hipoglucemias. No se debe utilizar la insulina expuesta a temperaturas superiores a 40 °C. Esta información está extraída de los Centers for Disease Control sobre cómo actuar en caso de catástrofe natural o emergencia¹⁸. Además, la inseguridad energética se asocia con un mayor número de consultas médicas en pacientes con diabetes¹⁹.
  Las insulinas para la diabetes van de nevera en nevera, sobre todo en verano: se guardan en la nevera del vecino que ese día tenga luz.¹²
• Cuidados paliativos y personas inmovilizadas: la oxigenoterapia domiciliaria ha demostrado mejorar los síntomas en pacientes al final de la vida con patologías que generen hipoxemia, como insuficiencia cardíaca terminal, EPOC y cáncer terminal²⁰. En personas inmovilizadas, muchas de las ayudas técnicas (grúas, camas articuladas, colchones antiescaras) que ayudan a prevenir las úlceras por presión y sus posibles complicaciones son electrodependientes. Las consecuencias de no disponer de ellas no solo afectan a la dignidad de las personas inmovilizadas, sino también y muy especialmente a sus cuidadoras, aumentando su sobrecarga.
• Uso de dispositivos CPAP en el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) y cardiopatías: en el SAOS, mejora la respiración durante el sueño y la calidad de este, disminuye la somnolencia diurna e incrementa el estado de alerta (reduciendo el riesgo de accidentes de tráfico); también mejora las alteraciones neuropsicológicas, la calidad de vida y la presión arterial²¹. En aquellas personas con cardiopatía, el tratamiento con CPAP mejora la función cardíaca, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, y parece asociarse con una disminución del riesgo de arritmias. Este tratamiento requiere suministro eléctrico, y la falta de este se asocia al empeoramiento de dichas patologías, así como al aumento de la mortalidad por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes con cardiopatía de base.
• Fragilidad y riesgo de caídas: la falta de suministro eléctrico conlleva la ausencia de iluminación en el hogar y el consiguiente aumento del riesgo de caídas y accidentes domésticos por las fuentes lumínicas alternativas empleadas (como velas, quinqués o lumin gas). Por otro lado, en muchas ocasiones la persona permanece sentada en la oscuridad hasta que vuelve la luz por miedo a caerse; esto afecta a la realización de actividades básicas de la vida diaria como alimentarse o ir al baño, aumenta el nivel de dependencia, empeora la calidad de vida y atenta contra la dignidad misma de la persona. Además, reduce los estímulos físicos y mentales del entorno, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo y fragilidad. Sobre el espacio público, la falta de alumbramiento en las calles empeora la seguridad y la accesibilidad, lo que disminuye las oportunidades de contacto social, las salidas de casa y la actividad física. Estos problemas de accesibilidad a la vivienda y su entorno están relacionados con una peor opinión sobre el estado de salud y bienestar percibidos, y menor bienestar psicológico²².

Las últimas investigaciones proponen incorporar al concepto de pobreza energética, además del nivel de renta de los hogares, las diferencias de construcción y climáticas existentes entre los países del norte y el sur global; teniendo en cuenta que el aumento de temperatura provocado por el cambio climático afectará de forma más intensa a los hogares en situación de pobreza energética⁶. Un estudio que compara la pobreza energética en diferentes países del continente europeo concluye que el primer paso para reducir las desigualdades en salud debe ir dirigido a mejorar la eficiencia energética de las viviendas mediante planes de rehabilitación que cuenten con financiación adecuada¹⁴.

Herramientas y recursos

¿De qué herramientas disponen los centros de salud? En primer lugar, es necesario detectar un problema que a veces los pacientes no plantean en la consulta, porque piensan que es ajeno a su médica de familia o al sistema sanitario, aunque afecte de forma importante a su salud. En la consulta podemos preguntar a las familias y codificar la situación en el listado de problemas de salud como «Inseguridad energética. Cortes de luz frecuentes». Creemos que el término se ajusta más que «pobreza energética» a la realidad, ya que los cortes de suministro afectan por igual a zonas concretas del vecindario, independientemente del pago habitual de la factura de la luz. Creemos que registrar este indicador facilita la visibilización del problema y la coordinación con otros profesionales; por ejemplo, con el personal del servicio de urgencias cuando acude un paciente en tratamiento con oxígeno crónico domiciliario por una EPOC reagudizada en relación con la falta de suministro eléctrico.

El Servei Català de la Salut ha desarrollado una herramienta de cribado de pobreza energética en la historia clínica digital de Atención Primaria (tabla 1). Sin embargo, nos planteamos la utilidad de emplear tiempo y recursos de la consulta para realizar cribados sin la garantía de disponer de recursos que permitan revertir la situación. Por ejemplo, la utilidad de este protocolo sería la derivación a servicios sociales para tramitar el bono social, un descuento en el precio de la factura eléctrica que oscila entre el 25 y el 100% según el grado de vulnerabilidad. Desgraciadamente, esta medida cuenta con numerosas limitaciones y problemas de accesibilidad²³. No debemos olvidar que el precio de la energía y las condiciones físicas de la vivienda suponen una magnitud importante en el problema, dimensión que no se aborda con el bono social (ya que solo cubre, en el mejor de los casos, un porcentaje de una factura en ocasiones desorbitada). Además, en el caso de los cortes de luz por sobrecarga de la red eléctrica el bono social no soluciona el problema de falta de suministro, al no tener relación con la renta ni el pago de la factura.

Otra posible herramienta es la redacción de informes médicos que acrediten electrodependencia para presentarlos ante las administraciones públicas o ante la empresa suministradora. El Servei Català de la Salut ha sido pionero en esta medida mediante la Instrucción 06/2018²⁴, que, pese al avance que implica, presenta limitaciones, ya que se evita el corte de suministro en casos muy concretos: terapia respiratoria domiciliaria, bombas de perfusión eléctricas o diálisis peritoneal. Respecto a las empresas suministradoras, la presentación de informes de electrodependencia en el Distrito Norte de Granada ha permitido, en algunos casos, la instalación de una acometida eléctrica individual, tras un proceso insistente y arbitrario que ha llegado a una minoría de afectadas y afectados. Estos informes también han sido de utilidad para quienes han decidido emprender acciones legales.

Nuestro papel como médicas de familia

Son muchos los derechos que se vulneran derivados de la falta de suministro eléctrico: los derechos de consumidores y usuarios, el derecho a la igualdad, a la educación y a una vivienda digna son solo algunos de ellos. No obstante, uno de los derechos que más gravemente se ve afectado es el derecho a la salud, conectado con el derecho a la integridad física, a la autonomía del paciente y a la vida. El trabajo de las y los profesionales sanitarios es uno de los eslabones necesarios para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la salud por parte de la Administración pública. Esa garantía la cumplimos en un doble sentido: prestando asistencia y trabajando para mejorar la salud de las personas, así como objetivando las situaciones que ponen en riesgo la salud. Un ejemplo de esto último sería la cumplimentación del parte de lesiones ante una agresión o las actuaciones de detección e intervención en materia de violencia de género.

De esta concepción de nuestra labor surgen las diferentes acciones emprendidas desde algunos centros de salud en coordinación con el vecindario. En términos colectivos, se ha emitido un comunicado de alerta sanitaria ante los efectos de los cortes de luz en la población²⁵. En términos individuales, se ha realizado la constatación particular, paciente a paciente, de las consecuencias concretas provocadas por los cortes mediante informes clínicos. Además de la utilidad en términos jurídicos y de salud pública, un valor añadido a estas actuaciones es la función de reconocimiento que implica para algunas personas ver por escrito en un documento oficial, con sello y firma, la vulneración de derechos que sufren a diario. Es en torno a esta doble vertiente, individual y colectiva, como entendemos el advocacy role del que habla Trisha Greenhalgh²⁶: representar los intereses de terceros frente a una situación que es injusta o que tiende a generar enfermedad. Nada más cercano a esta representación que la ética profesional de las médicas y médicos de familia.

Otro aspecto que creemos de importancia es el registro en la historia clínica de los cortes de luz cuando tienen relación con el motivo de consulta. A la hora de adjuntar documentación que acredite el riesgo potencial para la salud, ha sido determinante que una enfermera dejara reflejado en la historia que un paciente «no se ha puesto la insulina porque le han vuelto a cortar la luz y no ve la dosis» o que una médica de urgencias registrara que «el paciente acude porque necesita el oxígeno y le han cortado el suministro eléctrico». En la presentación adjunta con este artículo proponemos un modelo de elaboración de informes clínicos a modo de ejemplo, con el objeto de compartir experiencias. El resumen de la estructura es el siguiente (tabla 2).

La justicia energética

Conviene señalar algunas líneas de trabajo sobre el abordaje de la pobreza energética en relación con los derechos humanos y el cambio climático. Los movimientos por la justicia energética reclaman el derecho a la energía como un derecho fundamental que agrupe los derechos a la producción sostenible y saludable de energía, a las mejores infraestructuras disponibles, al consumo de energía por un precio asequible y al suministro energético ininterrumpido²⁷. En España, la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024²⁸ ha supuesto el primer paso en el reconocimiento del problema y el planteamiento de soluciones cuya efectividad veremos en los próximos años. El abordaje de las causas profundas del problema requiere modificar las situaciones de partida de hogares y vecindarios mediante procesos participativos que cuenten con la experiencia de quienes los habitan, transitar como sociedad hacia modelos de vida, producción y consumo respetuosos con el medio ambiente, así como una reforma del sistema global de producción de energía que garantice energía limpia a precios justos.

Resumen

Los cortes de suministro eléctrico afectan a millones de personas en España, vulnerando sus derechos y desplegando efectos negativos sobre la salud. Como médicas y médicos de familia, debemos tener presente este problema así como los recursos disponibles para abordarlo, teniendo en cuenta su complejidad y las causas subyacentes. En el contexto actual de cambio climático, subida de los precios de la energía y población en riesgo de pobreza o exclusión social es urgente reclamar la justicia energética como modo de proteger los derechos, la dignidad y la salud de individuos y comunidades.

Lecturas recomendadas

Fernández Garcés H. El Distrito Norte de Granada lucha por su luz. Ctxt Contexto y Acción. [Internet.] Noviembre 2019. Núm. 248. Disponible en: https://ctxt.es/es/20191120/Politica/29667/Helios-F-Garces-Granada-Endesa-cortes-de-luz-pobreza-energetica.htm

Un reportaje en primera persona con las voces y experiencias diarias de quienes viven en el barrio. Ofrece un relato sobre las consecuencias diarias de los cortes de suministro eléctrico y las acciones llevadas a cabo por un vecindario entero.

Jessel S, Sawyer S, Hernández D. Energy, Poverty, and Health in Climate Change: A Comprehensive Review of an Emerging Literature. Front Public Health. 2019;7:357.

Una revisión sobre la pobreza energética desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud y el impacto diferencial del cambio climático, aunando el derecho a la energía con la producción sostenible de la misma.

Marí-Dell’Olmo M, Novoa AM, Camprubí L, Peralta A, Vásquez-Vera H, Bosch J, et al. Housing Policies and Health Inequalities. Int J Health Serv. 2017 Apr;47(2):207-32.

Un estudio realizado en el ámbito nacional sobre la relación entre las políticas de vivienda, la pobreza energética y la salud. Propone un marco conceptual de la pobreza energética en relación con las desigualdades en salud que permite observar de forma gráfica una panorámica amplia y rigurosa del problema.

Agradecimientos

A Miguel Melguizo y Carme Borrell por su trabajo y aportaciones.

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